domingo, 26 de agosto de 2012

méxico y el narcotráfico



México ha dejado de ser, hace varios años ya, el paraíso turístico de antaño. Para todos nosotros, pueblos hermanos hispano-americanos, es una herida abierta que no para de sangrar, una espantosa realidad que ha costado ya la vida de más de 50,000 mexicanos en los últimos 6 años. Esta violencia se ha extendido social y geográficamente a gran velocidad y, como sabemos, se origina de la pugna entre organizaciones dedicadas al narcotráfico. Sin embargo, es la corrupción la que ha ocasionado que todo se salga de control. Con autoridades que se venden por dólares manchados de coca y de sangre, el crimen no paga sino que se reproduce. Cuando el juez teme por su vida, no dictamina en contra del acusado. Políticos, jueces, Policía, Fuerzas Armadas: todos ellos comprados o extorsionados para desfigurar la ley al antojo del mafioso. Si no se encierra a los criminales, éstos continuarán con sus actividades ilícitas acumulando más dinero para expandir sus operaciones y así contratar cada vez un número mayor de criminales.

El papel de los Estados Unidos como el mayor consumidor de drogas del mundo, ha venido siendo, por decir lo menos, estratégicamente insuficiente. Una serie de escándalos en las últimas décadas han dejado al descubierto que a pesar de los cientos o miles de millones de dólares gastados en esta lucha que lleva varias décadas, el resultado es el fracaso. Simplemente no hay interés en derrotar al narcotráfico porque la lucha contra las drogas es un enorme negocio que asegura utilidades y prosperidad a costa del presupuesto del gobierno y de la población contribuyente. Muchas empresas que abastecen desde armas hasta aviones, uniformes, equipos de comunicaciones, cárceles privadas, pero sobretodo, políticos en Washington D. C., se llenan los bolsillos gracias a una guerra contra las drogas que se viene perdiendo hace más de 40 años de manera intencional.


Las consecuencias vienen siendo ya de proporciones apocalípticas para México, pues en muchas regiones el poder de éstas organizaciones ha sobrepasado al del gobierno. Es la soberanía misma de una nación la que está ahora en juego. El pueblo mexicano vive entre la frustración por los líderes políticos que no presentan resultados positivos, y el temor del crimen organizado dispuesto a cobrar cualquier vida que le plazca.

Desafortunadamente, no hay salida fácil fuera de este laberinto. Primero, debe existir una decisión política para enfrentar esta tragedia. En un país cuyos representantes son prácticamente rehenes del poder de facto del narcotráfico, tomar acciones en contra de aquellos, equivaldría a ponerse un fusil en la cabeza. Segundo, tomada tal decisión, debe escogerse el camino a seguir : ceñirse a un marco legal regido por convenciones internacionales o aplicar la “guerra sucia.” Siempre será altamente deseable una solución pacífica, organizada, humanitaria, consensual, político-social al asunto, pero la historia nos enseña a través de numerosos ejemplos, que el único camino efectivo para obtener resultados ha sido, desgraciadamente, la guerra sucia en contra de la guerra sucia.

En el caso peruano, los sanguinarios movimientos terroristas de los ochentas e inicios de los noventas, fueron casi erradicados por un poder en las sombras acaso más siniestro que los mismos Sendero Luminoso y el MRTA. Al asumir la presidencia del Perú, el Ing. Alberto Fujimori en 1990, encontró un país convulsionado por la violencia. Tomó entonces la decisión política, para bien o para mal, de enfrentar el problema tomando un camino tan brutal como ilegal. Vladimiro Montesinos, invisible asesor del Presidente, planeó y ejecutó asesinatos selectivos valiéndose de Escuadrones de Aniquilamiento en contra de las cabezas de tales movimientos subversivos. En las zonas rurales alejadas de las ciudades y del alcance del Estado, dichos grupos crecían y se mantenían vigentes casi sin control. Fue aquí donde el Ejército Peruano perpetró verdaderos genocidios en Comunidades Campesinas donde cientos de justos pagaron por algunos pecadores.

En Colombia, el gobierno de Alvaro Uribe, admirado por el mundo entero por el éxito obtenido en devolver la paz al país, en el 2006 enfrentó una grave crisis cuando se vinculó a muchos de los miembros del entorno presidencial con paramilitares antioqueños o ejércitos particulares responsables de asesinatos y exterminios extra-judiciales en contra de las fuerzas insurgentes. Asimismo, el Ejército Colombiano tuvo activa participación y responsabilidad en la creación de “falsos positivos”o asesinatos de gente inocente en comunidades pobres con el fin de presentarlos como terroristas abatidos en combate, mostrando así “grandes logros” en el proceso de pacificación. Políticos de oposición al gobierno de Uribe, de igual forma han sido amenazados de muerte abiertamente por los líderes paramilitares.

Las condiciones y el momento en que llegará una determinación política similar en México, son aún muy inciertas. Muy difícil predecir cuándo un líder político, arriesgando su vida y la de los suyos, decida darle la espalda a los mismos barones de la droga que financiaron su campaña hacia la presidencia. Mucho más difícil aún es pensar que el camino a seguir no viole las convenciones internacionales sobre derechos humanos si es que el supuesto régimen buscara obtener resultados concretos. Habrá de producirse, casi con toda seguridad entonces, un gigantesco y doloroso baño de sangre antes de poder respirar paz en tierras aztecas. Es también muy probable que aquel Presidente que logre pacificar el país, obtenga una popularidad de cifras astronómicas que le permita tentar el poder por segunda vez, como en el caso de Uribe y Fujimori. Pero la historia también nos enseña que aquél que goza de un poder absoluto e incuestionable, termina abusando de él.

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